PROBLEMA AGRARIO Y CULTIVOS CON USOS ILÍCITOS

PROBLEMA AGRARIO Y CULTIVOS CON USOS ILÍCITOS

OLGA LUCÍA CADENA DURÁN[1]

INTRODUCCIÓN

Los cultivos ilícitos están inmersos dentro del fenómeno del narcotráfico, el cual se ha convertido en un problema planetario, por ser el tráfico ilícito de mayores repercusiones económicas y de criminalidad, en relación a los demás tráficos ilegales en el mundo, entre los que se encuentran: armas, humanos, capitales, bienes, influencias, ideológico y financiero.

El desarrollo de los cultivos con usos ilícitos en Colombia obedece a razones externas e internas. Algunas de ellas son comunes a las que explican el crecimiento del narcotráfico en nuestro país y que seguramente serán tratadas en la ponencia del profesor Camacho. Lo que sí es claro, es que este fenómeno no es un problema simplemente de demanda externa, es más complejo que esto, pues incluye problemas históricos y coyunturales que explican el comportamiento de estos cultivos. Existen por lo tanto, otras circunstancias internas que han permitido el crecimiento de la producción de coca y amapola. Estas pueden clasificarse en varias categorías: las vinculadas con la estructura social agraria (Aspectos demográficos, concentración de la tierra, uso de la tierra y colonización); las que se relacionan con la actual crisis del sector agrario (Empleo, pobreza rural, Composición de la producción agrícola y crisis de la economía cafetera); y las que están inmersas con el actual conflicto armado colombiano (Actores-economía de los cultivos ilícitos y Proceso de paz). Teniendo esto en mente, se analizará también la dinámica de los cultivos ilícitos y se hará un análisis de la política de desarrollo alternativo.

I. ESTRUCTURA SOCIAL AGRARIA

1.1. Aspectos demográficos

El proceso de urbanización en Colombia no resolvió el problema agrario como si sucedió en varios países industrializados. El desarrollo de la industria en las ciudades colombianas ha sido insuficiente para absorber la mano de obra expulsada del campo por razones económicas o de violencia. La población rural constituye el 27.8% de la población total. Si se tiene en cuenta que los municipios con menos de 10.000 habitantes son rurales, el porcentaje de población rural puede llegar a cerca del 40% del total. Como puede apreciarse en el cuadro 1, en 1951, había en el sector 7 millones de personas, en 1981 eran 10 millones y terminando el siglo 11.7 millones, lo que indica un crecimiento absoluto a pesar de las migraciones a las áreas urbanas y a los desplazamientos forzosos. Lo que es preocupante es que al ritmo que se está desarrollando el desplazamiento forzado de personas con vínculos rurales, es muy posible que en pocos años haya por primera vez en la historia de Colombia un decrecimiento absoluto de la población rural.

El concepto de lo rural no es solamente un concepto demográfico, es un fenómeno cultural y sociológico. Hay una combinación de dos fenómenos en las zonas de cultivos ilícitos. Por un lado, la ruralización poblacional, que es simplemente el aumento de la población que vive en el campo, en este caso entorno a los cultivos de coca y amapola. El segundo fenómeno es la aceleración de la urbanización sociológica que se da en estas zonas fruto de la alta velocidad con se da el desarrollo de una mentalidad de tipo urbana, monetizada, mercantilista, consumista e individualista.

El fenómeno de la ruralización es diferenciado. Grosso modo, la zona andina del Interior del país se ha desruralizado con unos altos índices de urbanización, mientras las zonas de frontera como la Orinoquia y la Amazonia se han ruralizado con el fenómeno migratorio y la irrupción de los cultivos con usos ilícitos. Puede considerarse que la ampliación de la frontera agrícola colombiana está agotada pero no adecuadamente utilizada y que se requiere replantear la ubicación de la población en términos de la relación población / recursos naturales y la vocación del suelo.

Indudablemente esta tendencia tenderá a acentuarse a medida que la población joven migra en busca de mejores oportunidades. Al tiempo, ello plantea serios desafíos sobre cómo preparar a los migrantes para que puedan articularse al mercado de trabajo en condiciones no tan desventajosas, o para que al menos puedan incorporarse en una dura competencia con los habitantes de los sectores urbanos que tienen mayores oportunidades de educación y capacitación.

La población económicamente activa rural en 1999 ascendía a 4.8 millones de personas, en comparación a 4.5 millones en 1996. No obstante este aumento en términos absolutos, en porcentajes su participación en el total nacional cayó del 28% al 27%. En el inmediato futuro, de no cambiar las tendencias, la población rural se estancará.

Cuadro1.- POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN COLOMBIANA

Censos de población 1938-1993

AÑO	Total	Población urbana	Porcentaje	Población rural	Porcentaje
1938	8.697.104	2.687.405	30.9	6.009.699	69.1
1951	12.334.033	5.254.298	42.6	7.079.735	57.4
1964	17.482.112	9.090.698	52	8.391.414	48
1973	22.844.366	13.570.429	59.3	9.313.937	40.7
1985	30.062.198	19.630.615	65.3	10.431.583	34.7
1993	37.419.354	25.819.354	69	11.600.000	31.0

Fuente: DANE

Gráfico 1.- Población rural y urbana 1938-1993

FUENTE: DANE

1.2.- Concentración de la propiedad

Para todos es conocido el fracaso de la política de reforma agraria en Colombia. Según el antropólogo Darío Fajardo, el “carácter marginal de la reforma agraria colombiana se expresa en la magnitud de las superficies intervenidas y en la modalidad de la intervención: hasta 1996, el Incora había adquirido poco más de 1.300.000 hectáreas, el 4.71% de las 28.300.000 que según el IGAC son aptas para labores agropecuarias, equivalentes al 3% del área actualmente explotada. De la superficie adquirida, únicamente 69.000, el 5.6%, fueron expropiadas; las restantes fueron negociadas directamente con los propietarios. De no modificarse la voluntad política que hasta el presente ha alimentado el proceso, sin modificarse el número de familias carentes de tierra y si el Incora les adjudicara parcelas al ritmo anual promedio que ha tenido hasta ahora, las metas se cumplirían en 110 años[2].

Cuadro 2.- DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE PREDIOS, NACIONAL, 1-20 Has. Y 20 Y MÁS HAS., 1999

TAMAÑO PSM (DE)	TOTALES	Nº DE PREDIOS	PORCENTAJE Nº DE PREDIOS	ÁREA	PORCENTAJE PARTICIPAC. ÁREA AGRÍCOLA	Nº. HECTÁREAS PERCÁPITA
	TOTAL	2.517.736	100	51.008.326	100
0 A –1		432.381	17.2	221.255	0.43	0.51
1 A –3		651.381	22.3	949.763	1.86	1.70
3 A –5		285.610	11.3	993.244	1.94	3.48
	SUB TOTAL	1.278.020	50.8	2.164.262	4.23	1.7
5 A –10		372.267	14.8	2.300.499	4.51	6.18
10 A –20		305.003	12.1	3.474.923	6.81	11.40
	SUB TOTAL	677.003	26.9	5.775.422	11.32	8.53
	TOTAL	1.956.290	77	7.939.684	15.55	4.05

	TOTAL	2.157.736	100	51.008.326	100
20 A –50		282.175	11.20	6.771.375	13.28	24.00
50 A –100		143.034	5.70	7.142.248	14.00	50.00
100 A –200		71.159	2.80	7.102.904	13.92	100.0
	SUB TOTAL	496.368	19.70	21.016.527	41.20	42.3
200 Y MÁS		65.073	2.60	22.052.116	43.25	339.0
	TOTAL	651.441	22.30	43.068.643	84.45	76.70

FUENTE: Encuesta nacional agropecuaria, 1999

Cuadro 3.- ÍNDICE DE GINI POR PAÍSES, ÁREA ANDINA

PAÍSES	AÑOS	Índice
BOLIVIA	1952 1970 1978	0.79 0.60 0.55
PERÚ	1961 1972 1984	0.74 0.70 0.61
ECUADOR	1954 1974 1987	0.72 0.71 0.69
COLOMBIA	1970 1983-84 1996	0.74 0.80 0.81

Fuente: (1992) IFAD; [1] Ossa Escobar, Carlos y otros. “Reforma Agraria, perspectivas internacionales” en Economía colombiana y coyuntura política,. Contraloría General de la República. Junio del 2000. Pag. 7.

Hoy el índice de Gini para la distribución de la tierra en los países del Asia y del sudeste asiático (Japón, Taiwán, Corea del Sur, Malasia, entre otros) es de 0.33, mientras en América Latina es de 0.70[3].

Nótese en el cuadro 3 la tendencia decreciente del índice de Gini en el área andina, y la tendencia contraria para el caso colombiano. Algunos factores que han contribuido en los últimos 10 años al aumento de la concentración de la tierra en Colombia, son el fenómeno de abandono de tierras por parte de los desplazados, pues buena parte de esas tierras, en el mejor de los casos, son compradas a bajo costo por los grandes terratenientes, pero lo más corriente es que caigan bajo el control paramilitar dado el poder económico y territorial que las Autodefensas tienen en estas regiones. En los últimos cuatro años el número de hectáreas abandonadas por los Hogares con Vínculos Rurales por desplazamiento forzado pasó de 278.604 has., a 3.678.031 has, como puede apreciarse en el siguiente cuadro.

Cuadro 4.- estimacion del total de hectareas poseidas y abandonadas por los hvr.

1996-2000

AÑOS	Ha. POSEIDAS	Ha. ABANDONADAS
1996	319.644	278.604
1997	691.899	656.910
1998	711.287	641.787
1999	1’640.343	1’480.493
2000	678.494	620.237
TOTAL	4’041.667	3’678.031

Fuente: SISDES, 1996 a 2000. CODHES

Por otra parte, en el cuadro 5, puede decirse que cada vez es mayor el vínculo rural de los desplazados, de un 67.8% en 1995 se pasó al 83.5% en 2000.

Cuadro 5.- HOGARES DESPLAZADOS CON VINCULO RURAL

Año expulsión	% Hogares vínculo rural
1995	67,8
1996	60,3
1997	69,0
1998	90,6
1999	86,5
2000	83,5

Fuente: Para 1995-1997: Osorio, F, Lozano, F.

Horizontes de Comprensión... Pag. 412.

Para 1998-2000: Datos preliminares, Osorio Flor Edilma

Otro factor que explica la tendencia hacia la concentración es el avance de la inversión por parte de narcotraficantes en tierras, pues éstos han adquirido en promedio tres millones de hectáreas[4].

En síntesis, las políticas de reforma agraria han fracasado en resolver el problema de acceso y uso de la propiedad rural. Todavía sigue pesando mucho el factor especulativo y de acumulación de rentas institucionales en la determinación del precio de la tierra. El mercado de tierras no se ha dinamizado, sigue segmentado y no se han creado los mecanismos para que opere, a saber: reglas de juego claras, transparencia en la determinación de los precios, sistemas de información amplios para oferentes y demandantes, realización de transacciones entre grandes y pequeños, mecanismos de subastas públicas de tierras donde intervenga el Estado como comprador, y disposición de líneas de crédito para compra de tierras adicionales a las que operan para el mercado subsidiado de tierras y que se orienten a la pequeña y mediana propiedad empresarial, así como estímulos y regulación del mercado de alquiler y arriendo de las tierras. Las fallas del mercado no se han corregido ni tampoco las del Estado.

1.3.- Uso de la tierra

Cuadro 6.- USO DE LA TIERRA 1997

CONCEPTO	HECTAREAS	PORCENTAJE
Superficie agrícola Cultivos permanentes Cultivos transitorios	4'221.880 2'171.300 2'050.580	8.2
Superf.Pastos,malezas Pastos Maleza y rastrojos.	36'507.183 26'889.646 9'617.538	71.1
Superficie bosques Bosques naturales Bosques de plantación.	8'995.286 8'688.410 306.875	17.5
Superficie improductiva.	1'583.698	3
TOTAL.	51'308.047	99.8

Fuente: Elaborado con base en DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria 1997

Logra apreciarse que del total, la agricultura sólo utiliza el 8.2%, mientras que la superficie ganadera utiliza el 71.1%. Y si consideramos que el uso potencial de la tierra en agricultura es de 18'294.637 hectáreas, de ella solo se estaría utilizando efectivamente el 23.07%, es decir, 4'221.880 hectáreas. Mientras que el uso potencial de la tierra apta para ganadería es de 15'319.630 de hectáreas, hoy se utilizan en esta actividad 36'507.183 hectáreas, es decir, 138.3% más de su área requerida.

Se han agudizado los conflictos en el uso del suelo al utilizar tierras aptas para agricultura en ganadería, o tierras de uso forestal en ganadería. Así se observa en el cuadro 7 que refleja un proceso de ganaderización y potrerización en el sector. La expansión de la ganadería en los noventa también estuvo relacionada con la crisis de algunos cultivos comerciales que desplazó el uso del suelo de cultivos a la ganadería; el algodón es, probablemente, el ejemplo más sobresaliente.

Cuadro 7.-

1.4.- Colonización

Una de las consecuencias del fracaso en la implementación de un Reforma agraria, es la migración por motivos económicos de decenas de miles de familias campesinas hacia las zonas de frontera agrícola donde actualmente se encuentra la mayor área de cultivos ilícitos. Según Molano “para 1985 se asentaban en estas zonas aproximadamente 3 millones de personas, de los cuales el 52.9% estaban ubicadas en el área rural, distinguiéndose dos tipos de procesos: uno en que el movimiento poblacional después de cierto período de abrir monte, incorporar tierra y sobrevivir con una economía de subsistencia termina por ampliar las propiedades de los grandes hacendados hacia explotaciones extensivas de ganado, y otro que se asienta en las vertientes sobre el piedemonte de la cordillera oriental, la cual se puede considerar como colonización de pequeños agricultores[5]. En cualquiera de las dos modalidades no es mas que un conjunto de ciudadanos desplazados por la fuerza o por condiciones de miseria, resultante de una excluyente estructura agraria, y en busca de asentamiento permanente y estabilidad[6].

De los 73 municipios con alta tasa de crecimiento de población entre 1985 y 1993 se saben de cultivos ilegales en 60, todos en zonas de colonización. En el 90% de los municipios de colonización hay narcocultivos y la casi totalidad de los municipios de alto crecimiento de población donde no los hay tampoco son de colonización. Si bien en la mayoría de los casos el origen de la colonización no ha sido el narcocultivo, sí ha sido su destino en la medida que las relaciones de poder lo permiten[7].

2.- ACTUAL CRISIS AGRARIA

2.1.- Empleo rural

Uno de los fenómenos tendenciales más significativos ha sido la terciarización del empleo rural, que va aparejado, en el caso de Colombia, con una caída del PIB agropecuario. Las actividades estrictamente agropecuarias absorbían el 61.2% del empleo rural en 1988; para 1997 la cifra había bajado al 56.1%. En contraste los sectores terciarios ganaron casi seis puntos pasando del 26.4% al 32.3%, el peso de los sectores secundarios no varió en esos años[8]. Otro fenómeno notorio es el aumento del desempleo rural del 5,6% en 1996 al 9.5% en 1999, siendo más alto en la región Central y Pacífica:

Cuadro 8.- TASAS DE DESEMPLEO RURAL POR REGIONES

Regiones	1996	1997	1998	1999
Atlántica	4,8	5,4	5,7	7,1
Oriental	5,2	4,5	4,1	7,6
Central	5,7	5,2	4,8	10,4
Pacífica	6,7	9,0	10,6	12,6
Nación	5,6	6,0	6,2	9,5

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares.

Entre los factores que explican esta pérdida de dinamismo del empleo rural se deben considerar factores endógenos, asociados a la existencia de diferenciales de productividad entre el sector rural y urbano, y algunos factores extraeconómicos que están detrás de dicha tendencia, entre los que se pueden mencionar la violencia rural y las condiciones de inseguridad en el campo. Igualmente, es necesario considerar la responsabilidad que le cabe a la política económica (y específicamente a la política agropecuaria) en este proceso.

Para el período 1991-97 se calcula que se perdieron 228,500 puestos de trabajo en el sector agropecuario (DNP, 1999).

2.2.- Pobreza Rural

Cuadro 9.-

Según Gomez, “Colombia está catalogado como uno de los países latinoamericanos con niveles de pobreza más altos debido a que más de la mitad de la población, es decir, 19.7 millones de personas no alcanzaban en 1995 a comprar con su ingreso una canasta con los requerimientos mínimos para satisfacer sus necesidades”[9]. Como lo muestra el cuadro 9 la situación de pobreza de la población rural es altamente preocupante, si consideramos que los datos van hasta 1995, poco antes del inicio de la recesión de la economía colombiana. La disminución porcentual de la población bajo la línea de pobreza en el periodo 78-88 es revertida en el periodo 88-95, y en términos absolutos implicó un aumento de 1 millón de personas pobres.

Gráfico 2

FUENTE: GOMEZ, Alcides y DUQUE, Martha, Tras el velo de la pobreza

Aunque hay una reducción general del Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas esta obedece más a la drástica reducción sucedida en las zonas urbanas, que pasaron de 58.9% en 1973 a 20.6% en 1993, que a la reducción en las zonas rurales que pasaron de 88.4% a 58.9% para el mismo periodo. Esta última disminución se explica por la reducción en la inasistencia escolar y en la dependencia ecónomica. La conclusión preocupante es el aumento de la brecha rural-urbana como lo muestra la distancia entre las barras del gráfico 2.

Por otro lado, se resaltan los grandes costos que ha implicado la violencia sobre los índices de desarrollo humano de los colombianos: la población adulta joven masculina ha disminuido su esperanza de vida entre tres y cuatro años, y por ende, el índice de desarrollo humano ha sido más bajo de lo que habría sido en un escenario sin violencia.

2.3.- Reestructuración Productiva

En las décadas 70’s y 80’s el sector rural se desarrolló al amparo de polítcas proteccionistas y de sustitución de importaciones, generando una dinámica de desarrollo en que la política alimentaria estaba dada para satisfacer la demanda interna con la mayor participación de la producción Nacional.

Sin embargo, esta protección no redundó en un mayor reacomodamiento del aparato productivo interno para competir en los mercados Internacionales. El desempeño económico a partir de comienzos de la década de 1990, se ha denominado “crisis semipermanente de la agricultura”[10], localizado especialmente en los cultivos transitorios, manifestado en la reducción de las áreas en producción, y de la productividad. La disminución de la producción y la pérdida de empleos en la agricultura, han tenido como principal efecto, un rápido incremento de las importaciones de productos agrícolas: durante el período 1990 –1997 las importaciones crecieron a un ritmo del 26.8% anual, pasando del 15.5% del PIB en 1990 al 46.9% en 1997, y, según la Contraloría General de la República, en el año 2000 el país se encontraba importando seis millones de toneladas de alimentos[11], en tanto que las exportaciones solamente crecieron al 7.4% anual, debido en parte a que en 1997 se sembraron 3.1 millones de hectáreas frente a los 3.8 millones de 1990; los cultivos semestrales pasaron de 2.4 millones de hectáreas en 1990 a 1.6 millones en 1997. En consecuencia, la reducción de las áreas sembradas en cultivos semestrales condujo a la pérdida de 119.600 empleos, y la producción tuvo un descenso sin antecedentes.

A partir de la apertura se dio una disminución considerable de las tasas de protección de la economía junto con una caída vertiginosa en los subsidios, obligando a un cambio muy fuerte en las estructuras productivas del país. En el sector esto se ha apreciado en los incrementos en la participación de los cultivos permanentes frente a los transitorios, cambio que es consistente con la reasignación de recursos a favor de aquellos productos exportables que gozan de ventajas comparativas bionaturales del país y en contra de los importables que anteriormente contaron con altos niveles de protección.

Esta reestructuración productiva significó el retroceso especialmente en la agricultura e industria (sectores transables), y la expansión de los no transables (básicamente sector financiero, comunicaciones, y servicios sociales y comunales). Puede decirse que, además del sector petrolero, la inversión se dirigió masivamente hacia algunas actividades no transables (energía, sector financiero, telecomunicaciones).

Gráfico 3.- Superficie sembrada en cultivos transitorios y permanentes

Los efectos de esta reestructuración para el sector agrícola (la revaluación cambiaria y la caída en los precios internacionales), disminuyeron la rentabilidad de la mayor parte de los cultivos transables, más que todo en los importables (la mayoría de ellos transitorios).

Puede decirse entonces que la tendencia hacia el estancamiento del sector agropecuario en los noventa no fue homogénea: si bien se redujo el área agrícola en 800,000 hectáreas entre 1990 y 1997, y se concentró en los cultivos transitorios (880,000 hectáreas) y en café (150,000 hectáreas), por otro lado los cultivos permanentes tuvieron un aumento de 220,000 hectáreas.

Los cultivos transitorios de mayor contracción relativa fueron algodón, cereales y soya. Y los cultivos permanentes que más ganaron participación fueron frutales, palma africana, plátano para exportación y flores. Consolidándose así, la participación creciente de los cultivos permanentes (de 36% a principios de los setenta, a 55% a mediados de la década de los noventa), y la pérdida de importancia relativa de los transitorios (de 43% a 30% en el mismo período:

Cuadro 10.- Composición de la Producción Agrícola

	1970-73	1985-88	1994-97
Participación del Area Sembrada (%)
Transitorios	45.1	47.4	43.6
Permanentes	26.4	27.4	34.7
Café	28.5	25.2	21.6
Participación del Valor de la Producción (%)
Transitorios	43.3	37.6	29.8
Permanentes	36.7	44.2	55.0
Café	20.0	18.3	15.2

Fuente: Cálculos CEGA con base en cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Obsérvese que efectivamente, los cultivos transitorios perdieron participación en número de hectáreas sembradas desde 1988, de 47,7 % a 43,6 % para el período 94-97, y el café para los mismos períodos pasó de 25,2 % a 21,6 %, y en contraste, los permanentes increntaron su participación en área sembrada y en valor de la producción.

A pesar de algunas mejoras en productividad en la industria ganadera y al incremento del ganado de doble propósito, esta industria sigue siendo extensiva ocupando un área muy grande en relación con las cabezas de ganado que allí se producen. Este desarrollo e incremento del área ganadera[12], se está dando a costa de los cultivos transitorios y del avance del paramilitarismo, que ha hecho retroceder en muchas zonas del país a la guerrilla que venía presionando fuertemente a los hacendados ganaderos.

El comportamiento de la agricultura así caracterizado es entonces el resultado de una serie de factores internos y externos que han confluído en una coyuntura en la cual la producción nacional, anteriormente protegida, es expuesta ante los mercados internacionales cuando, de otra parte, se hace evidente la incapacidad de los demás sectores de la economía para absorber la mano de obra expulsada de la agricultura. Un efecto han sido las cifras más elevadas de desempleo en el país, estimadas en el 20.5% de la oferta laboral para comienzos de 2001 y, como consecuencia, la informalización del empleo que en una ciudad como Barranquilla se estima en el 75% de la ocupación.

La confluencia de los factores mencionados, a saber la eliminación de instrumentos de protección, el comportamiento de los costos de producción, en particular las tasas de interés y la renta del suelo y el manejo de las tasas de cambio, añadidas a los efectos de la guerra, en particular los desplazamientos forzados y el descenso de la rentabilidad de las actividades agrícolas parecen haber generado un cambio profundo en la configuración de la agricultura.[13]

“Los componentes más relevantes de este cambio, según las evidencias serían el aceleramiento de la “desagriculturización” del empleo y de las migraciones internas rural-urbanas y rural-rural en el país; la disminución de las áreas sembradas, la recomposición de la producción agrícola en términos de reducción de cultivos temporales y ampliación de permanentes, la expansión de la frontera agraria en un 30.2% de en el lapso de 12 años, al pasar de 35.4 millones de hectáreas en 1984 a 50.7 millones en 1996, con un crecimiento de las áreas dedicadas a la ganadería extensiva y de la gran propiedad: las fincas mayores de 200 hectáreas, que en 1984 eran el 1.3% del total y abarcaban el 47.3% de la superficie, pasaron a ser el 1.1 y a controlar el 55.2% de la superficie. Junto con este proceso ha ocurrido la disminución de la producción, de las exportaciones de orígen agrícola y el incremento de las importaciones de alimentos.”[14]

2.4.- La Economía Cafetera

Una parte no despreciable del desempleo rural se fundamenta en la crisis del sector cafetero, como resultado la caída de la Organización Mundial del Café, la broca, la creciente sustitución de cultivos tradicionales en intensivos y por la volatilidad del ingreso cafetero que está en función de los precios mundiales.

Aunque la Federación Nacional de Cafeteros sigue siendo un gremio importante, su poder ha disminuido mientras que las flores, el banano, el azúcar y la misma ganadería como actividad productiva, avanzan y se posicionan en el sector y en el comercio exterior. La participación del área cafetera ha disminuido de un 29% a 22% en el sector agrícola.

Gráfico 4.-

De otro lado, obsérvese en el cuadro siguiente que el porcentaje de participación del valor de la producción del café pasó del 15% al 10%, y su tendencia es continuar disminuyendo. La ganadería muestra una tendencia opuesta como se observa en este cuadro.

Gráfico 5

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural.

La participación de las exportaciones de café ha caído del 65% al 10% en las exportaciones totales y del 80% al 35% en las exportaciones agropecuarias:

Gráfico 6.-

Según cálculos del CEGA[15], para 1997 la superficie cafetera se estimaba en 869.158 hectáreas, disminuyéndose en 150.000 hectáreas, un 13,9% en relación con el área de 1980; para el período 1992/93 un programa institucional retiró aproximadamente 100.000 hectáreas. Ahora bien, el número de productores creció entre 1970 y 1997 de 302.945 a 566.230, reduciéndose el tamaño promedio de los cafetales y el sector se minifundizó. Añaden estos analistas, que el 60% de los cafeteros trabajan en predios menores a una hectárea, y ocupan el 16,8% del área cafetera. El 95% de los productores tienen cafetales inferiores a 5 hectáreas, es decir, 536.446 cafeteros que poseen el 62.2% del área sembrada en café; en promedio explotan una hectárea de café. El tamaño promedio de la explotación cafetera pasó de 4,6 hectáreas en 1970 a 1,5 hectáreas en 1997 y el tamaño de la finca cafetera se redujo a la mitad en este mismo período.

Los resultados de la Encuesta Nacional Cafetera, indican que las únicas familias que alcanzan a cubrir sus niveles de gasto, son las que trabajan en predios de 3.8 hectáreas y que aportan mano de obra al desarrollo de las actividades productivas; es decir, sólo 40.000 familias de las 387.000 ubicadas en predios inferiores a cinco hectáreas. El resto de las familias ubicadas en predios de 0.44 y 1.8 hectáreas tienen ingresos que no alcanzan siquiera a 0.4 y 1.4 salarios mínimos en caso de usar mano de obra familiar, o como máximo 0.1 y 0.5 salarios mínimos en caso de remunerar las labores de cultivo[16].

Cuadro 11.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA CAFICULTURA, 1980-1997 miles de empleos/año

AÑOS	CAF. TRADICIONAL	CAF. TECNIFICADA	EMPLEO TOTAL
1980	232.4	363.4	595.8
1981	220.3	412.2	632.5
1982	208.8	429.2	638.1
1983	198	451.2	649.2
1984	187.6	495.4	683.1
1985	177.9	426.2	604.1
1986	168.6	483.8	652.4
1987	159.8	464.1	623.9
1988	151.5	539	690.5
1989	143.6	484.2	627.8
1990	136.1	564.8	700.9
1991	129.1	604	733.1
1992	122.3	710	832.3
1993	116	624.1	740.1
1994	109.9	521.2	631.1
1995	104.2	559.3	663.3
1996	98.8	561.3	660.1
1997	93.6	502	595.7

FUENTE: Federación Nacional de Cafeteros, y cálculos del CEGA

Los problemas que enfrenta este sector no paran en la minifundización y la concentración de la tierra. Si se observa la gráfica siguiente, la cual corresponde al cuadro anterior, puede notarse la preocupante tendencia a incrementarse el desempleo en este sector.

Gráfico 7.-

FUENTE: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS Y CÁLCULOS DEL CEGA.

A esto se le puede agregar la tendencia a la baja en volumen y en precios, de las exportaciones de café:

Cuadro 12.- EXPORTACIONES DE CAFÉ Fuente: Dane, Anuario estadístico 1998

AÑOS	VOLUMEN SACOS DE 60 KG	VALOR EN MILLONES DE DÓLARES
1970	6.510	466825
1971	6.569	399737
1972	6.527	430435
1973	6.766	597934
1974	6.906	624832
1975	8.175	674550
1976	6.289	977312
1977	5.325	1525728
1978	9.035	1993925
1979	11.130	2024293
1980	11.102	2375407
1981	9.056	1458636
1982	8.857	1576666
1983	9.211	1536542
1984	10.199	1798923
1985	10.001	1784115
1986	11.380	3045981
1987	11.282	1686991
1988	9.789	1696510
1989	10.826	1583400
1990	13.944	1472900
1991	12.595	1398400
1992	16.569	1320700
1993	13.574	1207600
1994	11.775	2103300
1995	9.779	1953400
1996	10.621	1711700
1997	10.917	2419300

Gráfico 8

3.- DINÁMICA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS

En 1995, de acuerdo con el documento CONPES que creó el Plante, existían en el país 66100 hectáreas sembradas en coca, amapola y marihuana. La superficie cocalera, estimada en 39800 hectáreas, se concentraba en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo; la superficie sembrada en amapola, 20200 hectáreas, se encontraba un poco más dispersa por la geografía nacional, en los departamentos andinos, sobresaliendo Huila, Tolima y Cauca; la superficie sembrada en marihuana se estimó en 5100 hectáreas. En 1997, según la Policía Nacional, la superficie sembrada en ilícitos se estimó en 91.100 hectáreas: 79.500 en coca, 6.600 en amapola y 5.000 de marihuana. Cifras más recientes ubican la superficie de cultivos con usos ilícitos en 135.000 hectáreas, de las cuales 122.500 son de coca; 7.500 de amapola y 5.000 de marihuana.

En 1996, el DANE estimó el valor de la producción de los cultivos con usos ilícitos en algo más de un billón de pesos en 1996, equivalentes al 6.23 % del valor bruto de la producción agropecuaria, siendo el cuarto renglón agropecuario en importancia después de la ganadería, el café y la avicultura, superando ampliamente a cultivos de la agricultura comercial como las flores, el arroz, el banano y el azúcar, entre otros. Otros estudios, citados por Villa (1998), calcularon el valor de la producción de cultivos ilegales en 1098.7 millones de dólares en 1994, de los cuales el 76% correspondía a la producción de coca, ratificando, en cierta medida, la cuantificación del DANE. Sin embargo, es muy probable que éstas estimaciones estén sobrevoladas. Cálculos redondos, bajo el supuesto de unas 160.000 hectáreas sembradas en coca, con una productividad promedio de 3 kilos de base por hectárea a un valor aproximado de 800 dólares kilo, precio estimado del mercado para el productor, arrojaría una cifra cercana a 384 millones de dólares, que bien puede ser un mejor indicador de valor de la producción. Otro es el valor generado por el tráfico de estupefacientes, del cual, posiblemente, el valor recibido por el productor es apenas una pequeña fracción. Recientemente, por ejemplo, se informaba que las guerrillas de las FARC se benefician con 500 millones de dólares anuales directa o indirectamente con este negocio[17]

Los cultivos con usos ilícitos se siembran en 259 municipios, el 90% de ellos ubicados en las zonas de colonización. La economía del narcotráfico ha generado los más poderosos incentivos para la localización de cuantiosas inversiones en zonas apartadas, dentro y fuera de la frontera agrícola, con grandes costos sociales en materia de destrucción de recursos naturales y del medio ambiente pues, por su naturaleza ilegal, es más depredadora que cualquier otro proceso colonizador conocido. El tamaño de la economía del narcotráfico, junto con la evidente regulación por parte de las guerrillas y demás grupos armados, impone un gran reto para el país, no sólo en cuestiones de interdicción y prohibición sino en materia de ordenación de su territorio y de generación de nuevas alternativas y oportunidades económicas para las personas pobres que ante la falta de oportunidades en las ciudades y en el campo subsisten gracias a la economía de los cultivos ilícitos.

Gráfico 9

Gráfico 10

La tendencia de la curva superior nos muestra una relativa estabilidad en el area cultivada de la región andina. Algunos autores consideran que esta es la evidencia de la perspectiva regional (andina) que los narcotraficantes tienen de su propio mercado. Según esto, la disminución del área cultivada en Perú y Bolivia más que deberse al supuesto éxito de la interdicción, lo que refleja es la decisión deliberada de los narcotraficantes, en los últimos años, por agrupar las diferentes fases del proceso productivo en un sólo país. Colombia, por los mecanismos de financiación de los actores ilegales del conflicto armado -basadas en la economía de los cultivos ilícitos-, por su ubicación geográfica estratégica; y por su ya tradicional eficiencia en la comercialización de los narcóticos presenta claras ventajas para la integración de la cadena productiva de los "ilícitos". Sin embargo, y bajo esta misma lógica, una política agresiva de fumigaciones en Colombia a través de los recursos del Plan Colombia necesariamente se traduciría en una reactivación de los cultivos en Perú y Bolivia, como algunos informes ya empiezan a insinuar.

Cuadro 13.-

La disminución del área sembrada en el Guaviare y el Caquetá del año 97 al año 99 como resultado de las fumigaciones se compensa con creces con el aumento del área cultivada en el Putumayo para el mismo periodo. De nuevo se evidencia la lógica de la movilidad de los cultivos en respuesta a la política de erradicación forzosa a través de las fumigaciones.

El otro punto a destacar es el aumento del área cultivada en el Caquetá para el periodo 1999-2000. Por los acuerdos propios del establecimiento de la zona de distensión (compuesta por el municipio caqueteño de San Vicente del Caguán y otros cuatro municipios del departamento del Meta), hasta el momento esta región no ha sido fumigada. Esto puede explicar en buena parte el aumento vertiginoso de los cultivos de coca en San Vicente del Cagúan, que según datos de la ONG CIFISAM, pasó de tener en 1998 cerca de 1300 hectáreas sembradas, a más de 12.000 hectáreas para comienzos del presente año. En caso de que este gobierno o el siguiente decidan acabar con los acuerdos que han posibilitado el diálogo con las FARC, estas cifras, aun no suficientemente publicitadas, podrían convertirse en el pretexto perfecto ante el elevado costo político que cualquier otra razón de tipo político o militar podría tener.

Gráfico 11

Gráfico 12

La expansión de los cultivos de coca en Colombia ha sido vertiginosa. Entre 1980 y 2000 crecieron en el conjunto del pais a una tasa anual del 19 %, pasando de 5000 a 163.000 hectáreas en este período. La reducción de los cultivos con usos ilegales de coca en perú y Bolivia, junto al rápido crecimiento de las áreas cultivadas en Colombia le permitieron alcanzar una participación del 80.5% del total del área cultivada en la región.

Cuadro 14.- COCA DEPARTAMENTOS AÑO 2000

Departamento	Area (hectáreas) %
Putumayo	66022	40.43
Caquetá	26603	16.29
Guaviare	17619	10.79
Meta	11123	6.81
Nariño	9343	5.72
Norte de Santander	6280	3.85
Bolívar	5960	3.65
Vichada	4935	3.02
Cauca	4576	2.80
Santander	2827	1.73
Antioquia	2547	1.56
Vaupés	1493	0.91
Arauca	978	0.60
Guainía	853	0.52
César	779	0.48
Boyacá	322	0.20
Guajira	321	0.20
Chocó	250	0.15
Magdalena	200	0.12
Córdoba	117	0.07
Valle del Cauca	76	0.05
Cundinamarca	66	0.04
TOTAL	163290	100.00

Fuente: DNE, y Bages F., 2001

Nótese en el cuadro que en los cinco primeros departamentos se concentra el 80 % de la producción de coca.

4.- CULTIVOS CON USOS ILICITOS Y CONFLICTO ARMADO

Vamos a exponer algunos resultados de un anterior estudio en lo que tiene que ver con la relación de las FARC con la economía de la coca en el Caquetá, más específicamente en el Caguán y las implicaciones que esto ha tenido para el desarrollo organizativo de este grupo guerrillero.

Inicialmente, consideramos que era importante hacer una aproximación histórica local y regional de esa relación, basados en los testimonios de colonos del Caguán y habitantes del casco urbano del municipio de Cartagena del Chairá.

4.1.- Aproximación histórica

La siguiente es una síntesis de un proceso cargado de tensiones, de ventajas organizativas y de consecuencias políticas que nosotros realizamos con base en entrevistas a profundidad a colonos y habitantes de la zona y consultas a algunos miembros de las FARC en la zona de distensión:

Hacia mediados de los años 70 se inician los cultivos de coca en el Caguán. En 1978 empieza el dilema para las FARC de aceptar o no que los colonos sembraran la coca. Las FARC consultan a algunas autoridades civiles, eclesiásticas y profesionales, de los municipios involucrados y finalmente permiten que los colonos la siembren, dadas las circunstancias de tipo económico que en ese momento atravesaban: una gran sequía, problemas con la cosecha del maíz, incumplimiento por parte del Idema, etc. Estas circunstancias consideradas por las FARC como coyunturales, los llevo a considerar que era necesario el permiso para que los colonos sembrarán la coca, con la idea que esto iba a ser un proceso de dos o tres años de duración.

Hacia 1979, las FARC crearon las famosas autodefensas: organismos de control, de regulación social, de regulación policial, en cabeza de milicianos. La experiencia fue bastante traumática para la población, por la cantidad de irregularidades y de arbitrariedades que se cometieron, incluso con muchos líderes populares que habían trabajado en programas de desarrollo social con organizaciones de la iglesia católica.

A partir de1979, empieza en forma la regulación de los cultivos a través de la exigencia de establecer al lado de la coca cultivos de pancoger, exigencia que no ha sido permanente y que tampoco ha sido obedecida en forma general.

Hacia 1982, comienza el cobro de los impuestos a los comerciantes de pasta, a los laboratorios y a los vuelos de carga de cocaína. En 1985, se elabora el Plan de Desarrollo para el Caguán, proyecto adelantado por las FARC, las comunidades y algunas instituciones del Estado. Esa sería la primera propuesta sólida de sustitución de cultivos ilícitos en la región, que desafortunadamente se ve truncada por las lógicas de la guerra misma.

A partir de 1986 y durante un período relativamente largo de unos cinco años, las FARC le dan una mayor importancia a la relación económica con los cultivos y a la actividad militar en estas zonas, descuidando las esferas organizativas y políticas.

A partir de 1991, empieza un proceso de regulación más policiva, debido a las quejas de la comunidad, que acude a las FARC para exigirle una mayor presencia con el objeto de regular la delincuencia común y los desmanes del personal vinculado al narcotráfico.

En 1995, se inicia la organización de las marchas cocaleras, las cuales se realizan efectivamente en 1996, en la región del Caguán y en todo el Caquetá, que fue nuestra área de estudio.

Hacia 1998 se inicia el establecimiento de los precios de sustentación, regidos por las FARC, es decir unos precios que a consideración de ellos permitían un mínimo de utilidad para los productores.

En esa misma época y ante el peligro del ingreso de los paramilitares vía comerciantes medianos y pequeños de coca, las FARC comienza a ejercer un mayor control sobre ese proceso de comercialización, incluso llegan a comprar ellos mismos, asumiendo los costos políticos que eso podía implicar, en la medida en que su papel ya no sería el de cobrador de impuestos, sino el de agente comercial . Se inicia también la competencia de los paramilitares en relación con la compra de la coca para quitarle espacio social y político a las FARC.

En 1999, se plantea la propuesta de las FARC de sustitución de cultivos ilícitos, a ser llevada a cabo en Cartagena del Chairá. Es una propuesta en donde esta organización sostiene que sería capaz de desarrollar un programa de sustitución de cultivos ilícitos en este municipio, si éste es despejado y si ellos se convierten en los únicos administradores del proceso.

¿Cómo interpretar en términos más generales este proceso y esta relación de las FARC con la economía de los ilícitos? ¿Cuáles son las consecuencias organizativas y políticas?

4.2.- Las implicaciones organizativas y políticas

Nosotros partimos de enmarcar esta relación de las FARC con la economía de la coca dentro de un ámbito más amplio de análisis, y específicamente desde la perspectiva de la sociología de las organizaciones políticas.

En el estudio que hicimos, trabajamos con las variables que se tienen en cuenta a la hora de analizar la consolidación de una organización política, o lo que es lo mismo su proceso de institucionalización.

En este caso analizamos varios elementos que han facilitado la consolidación organizacional de las FARC, en donde obviamente incluimos la autonomía financiera, resultante en buena medida de los recursos provenientes de la economía de la coca. Desafortunadamente por razones de tiempo y espacio sólo nos limitaremos a mencionar las otras variables analizadas:

• La vigencia del principio fundacional de las FARC
• El proceso de feminización (cerca del 40% de los miembros son mujeres)
• La definición de la estructura jerárquica
• La organización de planes estratégicos a largo plazo
• El proceso de regionalización (constitución de Bloques)
• El mando colegiado en los organismos de dirección
• El liderazgo interno
• El reclutamiento creciente
• El control disciplinario
• El equilibrio en la combinación de incentivos selectivos (materiales) y colectivos (ideológicos); [18]
• La autonomía financiera

En forma general vemos que frente a los dilemas que implican costos organizativos militares versus costos políticos, la elección ha sido la de preservar la organización militar y asumir los costos éticos y políticos. De hecho, ante el costo de quedarse sin recursos económicos, lo cual puede ser letal para una organización como esta, las FARC han optado por asumir el costo político de financiarse a través de actividades ilícitas cuestionadas éticamente, como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.

Sin embargo, consideramos que el término “narcoguerrilla” es inapropiado en la medida en que esta organización sigue utilizando los recursos provenientes del narcotráfico para hacerle la guerra al Estado colombiano. Estos recursos siguen siendo un medio para el logro de un fin político-militar y hasta ahora no hay señales de que se conviertan en un fin en si mismo, a no ser en casos particulares de deserción con robo. Fomentar el apelativo “narcoguerrilla” tiene el peligro de confundir a la opinión pública en la medida en que ésta puede pensar que el problema de la guerrilla se puede enfrentar de la misma forma que se combate a un cartel, y esto se puede traducir en una dificultad cada vez mayor para aclimitar un espacio político que permita la solución negociada del conflicto armado colombiano

5.- DESARROLLO ALTERNATIVO

La sustitución de cultivos con usos ilícitos enfrenta los mismos retos y problemas que ha enfrentado el desarrollo rural, desde hace muchos años. En relación con la producción rural, no puede proponer esquemas competitivos, pues está altamente distorsionado el mercado por las políticas de fumigación y de prohibición que elevan los precios de manera artificial.

Los proyectos de desarrollo alternativo y sus políticas requieren de muchos ajustes para que se puedan llevar a cabo los objetivos que le han sido asignados, sin embargo paralelamente deben revisarse los esquemas de intervención y funcionamiento. El Plante ha tenido varias etapas, que se han diferenciado dependiendo de sus alcances, especialización y dimensión temporal. En 1997, superando las etapas productivistas con temporalidad de largo plazo y desde una perspectiva regional se inicia un nuevo modelo de intervención, orientado a la resolución de los factores estructurales que generan el problema. El criterio es que si no se hace desarrollo rural no se pueden sustituir cultivos o lo que es lo mismo, lo que hay que sustituir no son los cultivos sino la economía de los ilícitos.

La política de sustitución de cultivos forma parte de la lucha contra las drogas, lo cual le da el énfasis en erradicación y prohibicionismo, pero no forma parte integral de la política agraria ni de la política macroeconómica. La sustitución de cultivos no tiene el suficiente bagaje institucional y político que la sustente y le permita contribuir a la construcción de un modelo y de una estrategia de desarrollo agropecuario.

5.1.- Obstáculos para el desenvolvimiento del Plante:

El Plante comparte varias de las dificultades que el resto de la institucionalidad pública colombiana tiene para adelantar políticas de desarrollo, entre las que pueden mencionarse: la lógica cortoplacista enmarcada dentro de los límites de los programas de gobierno; la carencia de una visión integral y de coordinación interinstitucional que permita abarcar simultáneamente los temas de desarrollo industrial, ambiental, agropecuario, social y cultural; la falta de participación en las propuestas y en la ejecución de los programas de desarrollo, por parte de las autoridades territoriales, locales y de las comunidades. Sinembargo, por el contexto político en el que está inmerso, esta institución presenta además, dos particulares tipos de obstáculos: De una parte, la dualidad en el tratamiento de los cultivos ilícitos, es decir, la coexistencia de una política de erradicación forzosa, junto con la de Desarrollo Alternativo. Esta dualidad no produce señales claras a las comunidades, puesto que la aplicación de las medidas de erradicación forzosa dificulta, cuando no impide o daña directamente, las acciones del Plan de Desarrollo Alternativo.

Por otra parte, está la problemática Jurídica. Esta limitación se encuentra en diferentes áreas: en la financiera, por carecer de instrumentos que permitan a la población objetivo acceder a recursos de crédito; en la ambiental, por no existir una solución para la población de cultivadores de coca que ocupan zonas de reserva del Sistema Nacional de Areas Protegidas; en la condición de delincuentes en que se encuentran los campesinos, colonos e índígenas, pequeños cultivadores, por violación a la Ley 30 de 1986; y por último, en la precariedad y vulnerabilidad de los derechos de propiedad de la población asentada en las zonas de cultivos ilícitos y violencia.

6.- CONCLUSIONES

Intimamente ligado al problema social y a la violencia está el asunto de los narcocultivos. Pienso que estos no se erradicarán ni con fumigaciones ni con actos de fuerza. El narcocultivo, más que un problema judicial, es un problema social, derivado de la miseria de los miles de campesinos dedicados a esta actividad, arruinados por las equivocadas políticas agrarias de este gobierno. Los países desarrollados deben ayudarnos a ejecutar una especie de plan que nos permita desarrollar grandes inversiones en el campo social, en el sector agropecuario y en la infraestructura regional, para ofrecerles a nuestros campesinos alternativas diferentes a los cultivos -con usos- ilícitos. Ello será complementado por una reforma agraria integral, que vaya más allá del simple criterio distributivo y ayude a los campesinos con centros de acopio, seguros de cosecha, transporte y valor agregado local, que contribuya a crear una industria alimentaria capaz de competir eficientemente en los mercados. Resulta también indispensable, para afrontar con éxito el tema de los narcocultivos y todas sus implicaciones, que pueda llegarse a una solución del conflcito armado interno[19].

Estas aseveraciones pueden ser leídas como la expresión de la demagogia propia de cualquier candidato a presidente o como la absoluta incapacidad de cualquier gobierno de nuestro país para enfrentar la magnitud que ya presenta el problema de los cultivos con usos ilícitos. Recordemos que el presidente Samper en 1996 aseguró que su gobierno en dos años erradicaba los cultivos ilícitos en Colombia.

Desde una perspectiva realista es claro que la interrelación del fenómeno de los cultivos con usos ilícitos con el narcotráfico, con el conflicto armado y con los problemas estructurales del agro colombiano nos remiten a soluciones –desafortunadamente-en extremo distantes, pues estas necesariamente tienen que pasar por la implementación de una política mundial de drogas basada en la reducción del daño; por la negociación política del conflicto armado y por la redefinición del modelo de desarrollo. Las enormes dificultades para avanzar en el proceso de paz; el carácter aun hegemónico del modelo neoliberal y la vigencia del pensamiento prohibicionista nos impiden ser optimistas por lo menos en el corto plazo.

7.- BIBLIOGRAFÍA

Bagés, Fernando. Desarrollo alternativo. Documento borrador, 2001.

Balcázar, Álvaro. Del proteccionismo a la apertura. Misión rural. IICA, 1998.

CEGA. Elementos para la construcción de una visión de la agricultura y el sector rural de Colombia en 2020. Borrador para discusión. Abril 2000.

Cadena, Olga Lucía. Hacia una caracterización de la economía campesina en los valles cálidos interandinos. Caso Espinal, Tolima. 2001

Fajardo, Darío; Mondragón, Héctor. Colonización y estrategias de desarrollo. Bogotá, IICA, 1997.

Gómez, Alcides; Duque, Martha. Tras el velo de la pobreza. Misión rural, Vol. 3. Bogotá, 1999.

Jaramillo Carlo Felipe. “La agricultura colombiana en la década del noventa”, Revista de Economía de la Universidad del Rosario, Bogotá, noviembre, 1998

López Castaño, Hugo. Pobreza y mercado laboral en el sector rural. Revista Coyuntura Colombiana No 62. Segundo trimestre 1999.

Molano, Alfredo. Siguiendo el corte. Relatos de guerras y de tierras. Ancora Editores. 1997

Moscardi, Edgardo. El agro colombiano ante las transformaciones de la economía. Tercer mundo editores. IICA, 1994.

Valderrama y Mondragón. Desarrollo y equidad con campesinos. Misión Rural. Vol. 2. FINAGRO. IICA 1997.

Varios autores. Culticos ilícitos en Colombia. Memorias del Foro realizado el 17 y 18 de agosto de 200. Universidad de los Andes. Bogotá.

---

[1] Estudiante Maestría en Desarrollo Rural, Universidad Javeriana.

[2] Fajardo, Darío. “La tierra, el poder político y las reformas agraria y rural” , Borrador, 2001.

[3] Ossa Escobar, Caelos y otros. “Reforma Agraria, perspectivas internacionales” en Economía colombiana y coyuntura política,. Contraloría General de la República. Junio del 2000. Pag. 7.

[4] Según Bagés, los estimativos de diferentes autores (Reyes 1997, Rocha 2000) muestran que los narcotraficantes adquirieron entre 2,2 y 4,4 millones de hectáreas. Bagés, Fernando. Desarrollo alternativo, documento borrador, 2001

[5]Molano, Alfredo. Siguiendo el corte. Relatos de guerras y de tierras. Ancora Editores. 1997

[6] Ibid.

[7] Fajardo, Darío; Mondragón, Héctor. Colonización y estrategias de desarrollo. IICA, Bogotá, 1997. Pag. 84.

[8] López, Hugo. “Pobreza y mercado laboral en el sector rural” en Coyuntura Colombiana, Bogotá, Junio de 1999.

[9] Gomez A. y Duque M. Tras el Velo de la Pobreza. Misión Rural, Volumen 3, 1999. Pag. 13.

[10] Jaramillo Carlo Felipe, “La agricultura colombiana en la década del noventa”, Revista de Economía de la Universidad del Rosario, Bogotá, noviembre, 1998

[11] Economía Colombiana, edición 278, junio, 20009 de acuerdo con la tendencia que se venía registrando en años antriores de esa década (Misión Rural, Una Perspectiva regional, 1998, p. 43).

[12] BALCÁZAR, Álvaro. Del proteccionismo a la apertura. 1997.

[13] FAJARDO, Darío. Tierrailsa. Borrador, 2001

[14] Ibid.

[15] CEGA. ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VISIÓN DE LA AGRICULTURA Y EL SECTOR RURAL DE COLOMBIA EN 2020. 2000.

[16] Julián García Cardona, Variabilidad económica de las pequeñas explotaciones cafeteras. Universidad Nacional, Facultad de Economía, marzo del 2000.

[17] The Economist, marzo 4 de 2000.

[18]Esto tiene que ver con la capacidad que tienen las FARC de mantener individualmente a sus miembros bien vestidos, bien alimentados y en buenas condiciones de salud, pero también "alimentados" ideológicamente.

[19] Andrés Pastrana, "Una política de paz para el cambio", Bogotá, 8 de junio de 1998.